Cada vez veo con mayor preocupación que los organismos encargados
de recepcionar las denuncias de acoso laboral e investigar los hechos
denunciados, atienden con mayor deshumanización a las trabajadoras y
trabajadores víctimas de este flagelo, o los hacen transitar unos procedimientos administrativos que parecieran haber sido diseñados por los propios acosadores.
En el caso de Venezuela, somos pioneros en reconocer los
efectos nocivos de las situaciones de acoso en el trabajo y contamos con una
legislación de avanzada en la materia. Quien suscribe, tuvo el placer y el
privilegio de colocar su pequeño aporte para que en la legislación venezolana (LOPCYMAT)
se reconocieran los factores psicosociales como agentes causantes de accidentes
de trabajo y enfermedades ocupacionales, así como, una larga trayectoria de
estudio del Acoso Laboral y la atención de sus víctimas, pero en la actualidad
considero que no se le está dando fiel cumplimiento a la legislación en algunos
casos, y en otros, la interpretación que hacen los órganos competentes de la
legislación es tan sesgada que raya en la ignorancia sobre el tema.
Es cierto, que puede haber un número indeterminado de falsas
denuncias de acoso laboral, que por cierto en Venezuela es imposible de
establecer con precisión, porque no existe un registro serio de data donde se
pueda conocer cuántas denuncias terminaron siendo infundadas y cuantas
resultaron ser otro factor psicosocial negativo presente en la situación de
trabajo.
Ahora bien, los organismos que tienen la competencia legal
de recepcionar la denuncia, investigar los hechos y certificar la existencia o
no del acoso laboral, no están cumpliendo cabalmente con su labor. Es
importante que el funcionario que recibe estas denuncias este calificado para
atender los casos de acoso y entienda que la victima de este flagelo requiere
ayuda inmediata, especializada y experta, por cuanto lo que está en peligro
grave es la salud física y mental de la persona víctima.
La inoperatividad, ignorancia, desconocimiento e inacción de
los organismos competente genera impunidad y la banalización de las denuncias. Y
si a esto le sumamos que cuando la víctima recurre por ayuda al órgano competente
se encuentra con una alta dosis de escepticismo e ignorancia, se termina materializando
el fenómeno perverso de la re-victimización, entendiendo por tal “…aquellos sufrimientos
que a las víctimas, les infieren las instituciones encargadas de hacer justicia: policías,
jueces, expertos, funcionarios de instituciones, etc…"
Si por ignorancia, falta de presupuesto, falta de expertos o
cualquier otra situación que pueda ser solventada por el órgano competente, se re-victimiza a la persona
que ha sido objeto de Acoso Laboral, todo el avance legislativo se transforma
en letra muerta y el acosador perverso logra con mayor énfasis su cometido, destruye
física, moral y mentalmente a su víctima y por añadidura el sistema diseñado
para protegerla termina siendo cómplice del estado de indefensión donde se
sepulta a la víctima no atendida debidamente, la que en muchos de los casos termina sin empleo y con consecuencias terribles en su salud.
